El contacto directo y la escucha activa
La base actitudinal requerida por parte de los gobernantes y funcionarios públicos para desarrollar en la ciudadanía el deseo de participar en la vida pública, se fundamenta desde el punto de vista humano, técnico y administrativo, no solo en una investigación previa y permanente sobre las necesidades reales de los gobernados y la satisfacción de las mismas sino, especialmente, en el contacto directo con los ciudadanos y en la escucha activa. Esta última puede ser definida en política como una de las mejores técnicas o estrategias de comunicación para la resolución de conflictos, inquietudes y demandas, toda vez que supone no solo una actitud respetuosa del receptor (el gobernante y los funcionarios) a escuchar las necesidades, inquietudes, sugerencias y demandas de los emisores (gobernados y ciudadanía en general), sino, también, el deseo real de validar de cara al emisor, aparte del contenido explícito, el contenido implícito del mensaje que se le está trasmitiendo, preguntándole directamente, por ejemplo: “lo que usted me quiere decir es…lo que usted esta diciendo es…si le entiendo bien, lo que usted me esta tratando de dar a entender es…sin quedarse en lo dicho, auscultando,he interpretando los argumentos, ideas, pensamientos y sentimientos que subyacen en lo expresando por el ciudadano.
Tomando en consideración lo anterior, lo primero que habría que advertir es que no obstante el frecuente contacto formal y directo entre gobernantes, funcionarios y ciudadanos, la escucha activa en la vida pública es bastante escasa, ya que la mayor parte de las veces los funcionarios pero también los ciudadanos, al entrar a dialogar entre ellos, suelen concentrarse cada uno en sus propias razones, ya para justificar las diferentes posiciones o los distintos enfoques, de porque esto o aquello, sin entrar a analizar y a valorar a profundizar los argumentos de la contra parte, entablándose así un dialogo de sordos, pues cada una de las partes, desde orillas opuestas, cree tener la razón. Actitud comprensible de cierta manera en los ciudadanos, por su desconocimiento, la mayor parte de las veces, de la dinámica de los asuntos públicos, pero, inaceptable e inconcebible, en el caso de los funcionarios públicos, por estar llamados estos últimos a estar al servicio de la ciudadanía y en el deber de incentivar la participación ciudadana.
Llegados a este punto habría que preguntarse: ¿a qué se debe esa falta de escucha activa por parte de los gobernantes y sus equipos de gobierno y demás funcionarios, creyendo tener casi siempre la razón? Aunque la respuesta podría dar lugar a muchas interpretaciones, habría que decir que la más de las veces es debido a que el gobernante o el funcionario, al estar revestido de autoridad suele confundir el análisis racional de un asunto con la autoridad de sus argumentos como gobernante. Es decir, cree tener siempre la razón. Esto se debe en parte a que desde el poder se manejan un discurso ideológico y político de autoridad autor referente: solo se puede hacer aquello que esta permitido por la ley y fundamentado en un plan de gobierno, pero también a una cierta soberbia y falta de empatía y voluntad de servicio del funcionario para analizar si el ciudadano tiene razón en lo que demanda, y si sus requerimientos están siendo desatendidos o pueden ser atendido por otra dependencia de la administración.
Esta actitud mental y de servicio respecto de la propia forma de ejercer la autoridad, vuelve reacio al funcionario frente a las demandas de la ciudadanía y mucho más aun frente a cualquier crítica constructiva o comentario que vaya en contra del plan de gobierno o del ejercicio de sus funciones, considerando que cualquier opinión en este sentido es un desafío a su autoridad y su poder. De donde se deduce que por incompetencia comunicativa y dialéctica del funcionario (calidades para ejercer el cargo) se niegan mucha veces a escuchar razones, por validas que sean, olvidándose de que la esencia de la democracia se fundamenta en la libertad de pensamiento y expresión, en la confrontación de ideas e intereses, y se ejerce y fortalece en el análisis y en el dialogo constructivo de los ciudadanos con sus gobernantes y no solo en los debates que se dan al interior de los cuerpos colegiados, en los que, dicho sea de paso, muchas veces no solo se niega la participación ciudadana sino que además se la burla, cuando después de que los ciudadanos dan a conocer sus puntos de vista en los debates, por lo general en unos espacios muy reducidos de tiempo, sus ideas ni siquiera son tenidas en consideración. Es decir, sin escucha activa no hay comunicación ni posibilidad alguna de que los ciudadanos se animen a participar en la vida pública, así el gobernante y sus funcionarios o los cuerpos colegiados “abran espacios de participación ciudadana.”
La necesidad de ser asertivos y propositivos
Dado que la constitución y la ley actúan como el marco legal dentro del cual se deben dar razonablemente las deliberaciones sobre las posibles soluciones a cualquier inquietud, demanda o conflicto de interés público al interior de un Estado. Es necesario recordar que este marco legal esta sujeto a interpretación y es susceptible de ser mejorado con el tiempo. Por lo tanto, lo más inteligente siempre frente a una demanda ciudadana es tratar de ser propositivos en todo momento y lo más asertivos en la interpretación de lo que podríamos llamar el espíritu de la ley, con mentalidad abierta a los procesos de cambio, toda ves que no solo las leyes, el conocimiento y las costumbres cambian con el paso del tiempo, sino, también, porque no se puede dar siempre una misma respuesta frente a circunstancias cambiantes por similares que sean…y si el marco legal se convierte en una traba para que la sociedad siga avanzando quizás sea el momento de introducir cambios, ya que la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley.
En Conclusión, muchos ciudadanos no participan en la vida pública porque consideran que no son escuchados ni tratados con el debido respeto y la debida consideración por parte de los gobernantes y los funcionarios, de tal forma que nunca será suficiente con crear mecanismos formales de participación ciudadana para socializar los asuntos públicos, si del lado del poder, quienes gobiernan y ejercen funciones públicas, en vez de escuchar, se empeñan en creer que ellos siempre tienen la razón y se enfocan esencialmente a justificar sus actos, apoyados muchas veces en interpretaciones amañadas de la ley y de sus funciones.
